EE.UU. critica injerencias ajenas, pero silencia a relatores de la ONU que denuncian racismo, pobreza o sanciones en su propio suelo.

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Las tensiones entre Washington y los relatores especiales de la ONU no se limitaron a la política exterior ni a la “guerra contra el terrorismo”. En distintos momentos, expertos internacionales que dirigieron su atención hacia problemas internos de Estados Unidos —racismo estatal, pobreza extrema e impactos humanitarios de las sanciones económicas— también comenzaron a enfrentar presión política, ataques públicos y campañas de deslegitimación.

La cuestión racial fue uno de los temas más sensibles.

Mucho antes del asesinato de George Floyd, los mecanismos de la ONU ya venían denunciando patrones persistentes de discriminación racial, violencia policial y encarcelamiento masivo en Estados Unidos. Uno de los nombres más asociados a este debate fue el sociólogo senegalés Doudou Diène, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo entre 2002 y 2008.

Tras visitas a Estados Unidos e investigaciones sobre discriminación racial, Diène advirtió sobre la persistencia de estructuras históricas de desigualdad profundamente vinculadas al legado de la esclavitud y de la segregación racial. Sus informes llamaban la atención sobre las disparidades económicas, el trato desigual dentro del sistema de justicia penal y la violencia policial contra los negros.

En determinados momentos, diplomáticos estadounidenses trabajaron para reducir el impacto político de informes considerados excesivamente críticos dentro de los foros multilaterales.

La tensión se intensificó después de las protestas de 2020 contra la violencia policial. Países africanos llegaron a defender, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mecanismos internacionales más sólidos de investigación sobre el racismo sistémico en Estados Unidos. Washington se resistió a la idea de cualquier instrumento de monitoreo dirigido específicamente al país, y la propuesta terminó diluyéndose en una investigación más amplia sobre el racismo en el mundo.

Otro caso emblemático de fricción ocurrió con el profesor australiano Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos entre 2014 y 2020.

Tras una misión a Estados Unidos en 2017, Alston publicó un informe devastador sobre desigualdad, desprotección social y precarización económica en el país más rico del mundo. El especialista afirmó que el llamado “Sueño Americano” corría el riesgo de transformarse en una “ilusión americana”, denunciando el contraste entre riqueza extrema y pobreza generalizada.

Durante visitas a estados como Alabama, California y Puerto Rico, Alston describió comunidades sin saneamiento adecuado, personas viviendo en remolques deteriorados, un aumento del número de personas sin hogar y la erosión de los programas sociales.

Sus conclusiones provocaron reacciones irritadas entre políticos conservadores y sectores de la prensa estadounidense. Al contrario de lo que siempre hacen cuando las críticas se dirigen a los enemigos de Estados Unidos, acusaron al relator de ideologización y de ignorar la prosperidad media del país. En ciertos círculos políticos, su misión fue retratada como una interferencia indebida en los asuntos internos de Estados Unidos —una gran ironía, viniendo de quien venía.

La relación conflictiva reaparecería también en el debate sobre las sanciones económicas internacionales.

La jurista bielorrusa Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, se convirtió en blanco frecuente de críticas después de publicar informes señalando los efectos humanitarios de las sanciones impuestas por Washington contra países como Venezuela, Siria e Irán.

Douhan sostenía que las restricciones económicas amplias con frecuencia agravaban las crisis humanitarias al afectar el acceso a medicamentos, alimentos, infraestructura energética y sistemas de salud. En visitas e informes, sostuvo que las sanciones unilaterales podían violar derechos humanos fundamentales cuando producían sufrimiento generalizado entre la población civil.

En Estados Unidos y en países aliados, los críticos comenzaron a acusarla de reproducir narrativas de gobiernos “autoritarios” y de minimizar responsabilidades internas por las crisis económicas. Organizaciones políticas y think tanks occidentales intentaron frecuentemente descalificar su mandato, cuestionando la credibilidad de sus conclusiones y denunciando una supuesta proximidad excesiva con gobiernos sancionados.

Durante décadas, Estados Unidos respondió a los expertos de la ONU con métodos relativamente previsibles: ataques políticos, campañas diplomáticas, negativa de acceso, intentos de vaciar los mandatos, presión sobre el Consejo de Derechos Humanos o esfuerzos para deslegitimar públicamente a relatores considerados hostiles. En el caso Albanese, Washington recurrió al aparato coercitivo del propio Estado estadounidense —especialmente a su poder financiero global.

En todos los casos, el precio de desafiar a Estados Unidos es muy alto. No solo para los relatores, que no pueden realizar plenamente su trabajo. Sino, sobre todo, para los futuros relatores y especialistas: el mensaje es claro: no toquen los intereses de Estados Unidos y de sus aliados (sobre todo Israel), de lo contrario su carrera será destruida.

Basta observar que, comparativamente con los países del llamado “Sur Global”, el enfoque de los funcionarios independientes de la ONU es mucho más amistoso con Estados Unidos y sus aliados, y los casos expuestos en esta serie son excepciones a la regla número uno de las Naciones Unidas: actuar contra los países objetivo de la codicia imperialista.

Aquellos —que son mayoría— que siguieron perfectamente el guion de la ONU y arremetieron contra Rusia, China, Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela, Irán y Nicaragua (es decir, contra los objetivos del imperialismo) tuvieron sus carreras garantizadas, con premios, éxito, prestigio, fuerte apoyo diplomático occidental, amplia repercusión en los grandes periódicos, intensa circulación de sus informes entre ONG y gobiernos, así como audiencias parlamentarias, sanciones y resoluciones basadas en sus acusaciones.

Por su parte, quienes desafiaron las estructuras y a los jefes imperialistas de la ONU son básicamente censurados, invisibilizados, desacreditados, caen en el ostracismo, sufren intensa presión psicológica, amenazas, sanciones económicas y prohibiciones de entrada a eventos internacionales —incluidos los de la propia ONU, ya que su sede central se encuentra precisamente en Estados Unidos.

Tengamos un poco de empatía con los burócratas al servicio de la ONU: ¿quién, deseando ascender en la vida y recibir amplio prestigio mundial, arriesgaría su carrera poniendo el dedo en las heridas de sus patronos? Prácticamente nadie. Y así es como la ONU permanece casi absolutamente instrumentalizada por las potencias imperialistas, desde el primer momento de su creación.