Relatoras de la ONU, vinculadas a Soros y Trump, firman carta anticubana basada en ONG financiada por el imperialismo.

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Existe un vasto historial que comprueba el modus operandi del imperialismo —sobre todo el estadounidense— cuando necesita llegar a las vías de hecho para derrocar a un gobierno incómodo y sustituirlo por una marioneta que entregue los recursos naturales y la economía de determinado país al saqueo de los grandes monopolios internacionales.

La invasión militar, o el golpe de Estado, no puede ocurrir sin una preparación ante la opinión pública nacional y externa. El gobierno que debe ser derrocado necesita ser retratado como malvado, violador de los derechos humanos, patrocinador del terrorismo o una amenaza para la seguridad internacional. Para ello, el imperialismo utiliza su industria de propaganda, pero alguien necesita proporcionar material que sirva de base a esa propaganda.

Es entonces cuando entran los “especialistas” y los organismos internacionales, ya sean ONG o incluso las propias Naciones Unidas. Presentan informes y declaraciones condenando al gobierno en cuestión, denuncias que son rápida y masivamente distribuidas por la industria propagandística del imperialismo, repetidas mil veces y amplificadas por nuevos “especialistas” y organismos igualmente controlados por Estados Unidos y su red de aliados.

En marzo, fue publicada una carta dirigida al gobierno cubano, firmada por cuatro relatoras de las Naciones Unidas, alegando que este viola los derechos humanos al mantener presos políticos sin el debido proceso legal. Se trataría de los encarcelados por el intento de revolución de colores de julio de 2021, llamado por el aparato de propaganda imperialista “protestas democráticas”.

En el documento, fechado el 7 de enero, ellas aluden a “un patrón sistemático de criminalización de la disidencia y el uso de la coerción, incluida la detención arbitraria y el exilio forzado, contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas en Cuba”. Dicen haber recibido estas informaciones, pero no mencionan de quién. Veremos a continuación quién está detrás de estas acusaciones.

Pero antes, ¿quiénes son estas relatoras? Una de ellas es la colombiana Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. En el ámbito académico, posee una maestría por la Sorbona y fue profesora invitada en la Universidad de Columbia. Para los latinoamericanos, estudiar y enseñar en universidades de Francia y Estados Unidos constituye un título de honor. Pero para Francia y EE. UU., tener estudiantes y profesores extranjeros en sus universidades es una forma de producir intelectuales confiables para sus objetivos, que puedan regresar a sus países y asumir cargos gubernamentales o corporativos desde los cuales hacer lobby a favor del imperialismo.

La ideología del imperialismo, en las últimas décadas, desde la lucha contra el “comunismo” durante la Guerra Fría hasta el combate al “terrorismo islámico”, ha sido la defensa de una supuesta democracia que se contrapone al autoritarismo comunista e islámico. Y las entidades de las Naciones Unidas y de organismos multilaterales dominados por las potencias occidentales la utilizan como su principal bandera.

No es casualidad que la señora Romero, como informa su resumen biográfico en la ONU, haya liderado “diversas iniciativas para la promoción y defensa de la democracia y del Estado de derecho” antes de ser nombrada para el cargo actual, en 2024. Fundó y fue directora ejecutiva durante casi diez años de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), que durante años recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos y del National Endowment for Democracy (NED), un fondo estatal estadounidense.

Como directora ejecutiva de Redlad, Romero también trabajó en la Secretaría del Pilar de la Sociedad Civil en la Comunidad de Democracias, entidad intergubernamental fundada en el apogeo del poder estadounidense por Madeleine Albright, entonces secretaria de Estado de EE. UU., y formada como una alianza de gobiernos occidentales y sus títeres para hacer frente a los “enemigos de la democracia”; es decir, aquellos que no se someten a los dictados imperialistas. También fue miembro del comité directivo del Movimiento Mundial para la Democracia, lanzado en 1999 por el NED, que funciona como su secretariado.

La otra relatora que firma la carta anticubana es Irene Khan, relatora para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Fue secretaria general de Amnistía Internacional entre 2001 y 2009. Amnistía Internacional es una de las mayores organizaciones no gubernamentales imperialistas a nivel internacional y, como tal, aunque se defina como una ONG, recibe financiamiento de gobiernos europeos y de la Open Society Foundations de George Soros, por ejemplo.

Entre 2012 y 2019, la señora Khan dirigió la International Development Law Organization, otra entidad financiada por el gobierno de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otros aliados, además de fundaciones como el British Council, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Ford. También forma parte del consejo de administración del Overseas Development Institute, con sede en Londres y sostenido con fondos de la Comisión Europea, gobiernos europeos, USAID, etc. Al igual que sus colegas, Khan es profesora en diversas instituciones educativas de élite de Occidente, además de haber sido asesora del Banco Mundial.

Mary Lawlor, relatora sobre los defensores de derechos humanos, otra de las responsables de la carta anticubana, también trabajó en Amnistía Internacional. Durante 12 años fue directora de la sección irlandesa de esa organización, de cuya junta directiva ya era miembro desde 1975 y la cual presidió entre 1983 y 1987.

En 2001, fundó la organización para la protección de los defensores de derechos humanos Front Line Defenders, de la cual fue directora ejecutiva durante 15 años. Esta entidad es financiada por la Comisión Europea, gobiernos europeos y occidentales, así como por las fundaciones Ford y Open Society, entre otros.

La cuarta signataria es la griega Alexandra Xanthaki. Tras haberse mudado hace unos 30 años al Reino Unido, obtuvo una maestría en “Derechos Humanos y Derechos de Emergencia” por la Queen’s University de Belfast, un doctorado por la Keele University de Inglaterra, es miembro de la Facultad de Derechos Humanos de verano en Oxford y profesora de Derecho en la Brunel University de Londres, donde dirige un proyecto financiado por la Unión Europea.

Como relatora de la ONU para los derechos culturales, se adhirió a la antigua campaña de difamación sobre la represión de las minorías étnicas en el Tíbet, habiendo sido criticada por el gobierno chino. Curiosamente, defendió el derecho de militares rusos a participar en los Juegos Olímpicos, siempre que no hubieran cometido “atrocidades, crímenes contra la humanidad, genocidio” o difundido “propaganda de guerra” durante el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, en declaraciones al New York Times, afirmó que la operación especial rusa representa “una destrucción gradual de toda la vida cultural” en Ucrania, sin aparentemente preocuparse por el aplastamiento de la cultura rusa, significativa en el Donbass, durante los ocho años anteriores a la “invasión”, pues el régimen golpista de Kiev ya había impuesto leyes discriminatorias contra los rusos étnicos desde 2014.

Las cuatro signatarias se basan en información proporcionada por alguien, pero no mencionan quién. Sin embargo, una organización llamada Prisoners Defenders reivindica el mérito de haber presentado la información a las relatoras. Se trata de una ONG con sede en Madrid y fundada por el empresario cubano-español Javier Larrondo, cuyo breve resumen biográfico en la propia página de la organización confiesa poseer “vasta experiencia” en conspiraciones contra el gobierno cubano promovidas “tanto de forma filantrópica como con fondos de subvención”. Pero ¿quién les paga?

La ONG también admite, en su página, recibir financiamiento de un programa de “promoción de transición” (en este caso, hacia el capitalismo) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa.

Larrondo también actuó conjuntamente con el contrarrevolucionario Oswaldo Payá y ayudó a fundar la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que pretende derrocar la revolución cubana y devolver al país al estatus de semicolonia de Estados Unidos. Según informes, tendría vínculos con la antigua filial española de la Fundación Nacional Cubano Americana, una entidad financiada por la CIA para promover actividades terroristas contra Cuba, y con la mafia cubana de Miami.

Aunque Prisoners Defenders proclama trabajar “por los derechos humanos y la defensa prodemocracia”, su actuación está orientada casi íntegramente contra Cuba y, en menor medida, Bielorrusia, Irán, Vietnam, Siria (al menos hasta la caída de Assad), Turquía, Pakistán y Bahréin: casi todos gobiernos incómodos para Estados Unidos.

Sin embargo, no existe una sola línea sobre la defensa de los derechos humanos en España, donde se encuentra la ONG. Por el contrario, Prisoners Defenders hace lobby en el parlamento español y en el Parlamento Europeo, especialmente junto a diputados del PP y del propio VOX, la extrema derecha española. La ONG incluso se jacta de ser reconocida por el Departamento de Estado, el Congreso de Estados Unidos y otras entidades de la misma red imperialista de la cual forman parte las relatoras de la ONU que alimentan su propaganda anticubana.

Este caso evidencia cómo funciona la campaña imperialista sobre los derechos humanos: los banqueros y magnates de la burguesía estadounidense y europea financian ONG para producir discursos; luego, funcionarios de la ONU que también son sus asalariados otorgan legitimidad a esos discursos, que son reproducidos por los grandes medios de comunicación dominantes, como Infobae y El País, en este caso.

Todos con el mismo origen de financiamiento, entrenamiento y sostenimiento; todos dentro de la misma red de dominación global de Estados Unidos y del imperialismo occidental para esclavizar a los pueblos de los pequeños países.