En la gran traducción del día, les traemos un artículo de dos autores chinos en The China Academy, Wang Xiangsui (Ex coronel del Ejército Popular de Liberación; coautor de Guerra sin restricciones) y Charriot Zhai (corresponsal de guerra).

Wang Xiangsui, Charriot Zhai

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Si Japón siguiera renunciando a su autocontención, lo que le espera no será la aquiescencia de los artífices del orden de posguerra, sino más bien una imposición más amplia y profunda de disciplina externa firmemente basada en el derecho internacional.

El 21 de abril, el Gabinete japonés revisó formalmente los Tres Principios sobre la Transferencia de Equipamiento de Defensa, abriendo oficialmente la puerta para que esta nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial venda buques de guerra, misiles y otras armas letales al extranjero. Ese mismo día, la actual primera ministra, Takashima Sanae, envió ofrendas rituales al Santuario de Yasukuni.

En respuesta, el profesor Wang Xiangsui, destacado estratega chino y vicesecretario general de la Fundación de Investigación para la Reforma y el Desarrollo de CITIC, señaló que el simbolismo del momento no podía ser más claro: no se trata de ajustes políticos aislados, sino de manifestaciones de un cambio fundamental en la orientación nacional de Japón.

Los países que han apoyado, consentido o permitido tácitamente la denominada «normalización» de Japón deberían reconocer lo que este país persigue en realidad: el desmantelamiento sistemático de sus autocontenciones pacifistas de la posguerra, lo que, para una nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial, equivale a reclamar privilegios estatales supranormales.

I. ¿Cómo debería ser un Japón «normal» en el marco del orden internacional de la posguerra?

El profesor Wang señala que, inmediatamente después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas propusieron inicialmente un plan radical: despojar a Japón por completo de su capacidad industrial y reducirlo a un Estado agrario incapaz de librar una guerra. Sin embargo, con el estallido de la Guerra de Corea, la autoridad de ocupación de MacArthur necesitó de repente apoyo logístico de la península coreana, y se conservó la base militar-industrial de Japón. El plan original nunca se llevó a cabo en su totalidad.

Dicho esto, el propio Japón también extrajo lecciones de su derrota. A través de la «Constitución de Paz» de la posguerra, los Tres Principios sobre Exportaciones de Armas y los Tres Principios Antinucleares, Japón construyó todo un marco institucional de autocontención. La lógica subyacente era clara: como nación con un historial de agresión, Japón limitó voluntariamente su propia capacidad de violencia. En 1991, cuando Estados Unidos presionó a Japón para que aportara tropas a la Guerra del Golfo, Japón invocó su Constitución de Paz y limitó su papel al apoyo logístico y a las contribuciones financieras.

Lamentablemente, el Gobierno de Takaichi ha abandonado esta autodisciplina, y el discurso que impulsa esta transformación merece un análisis minucioso.

La derecha política japonesa lleva mucho tiempo afirmando que Japón «no es un país normal», argumentando que «las restricciones de la posguerra son grilletes injustos impuestos por la historia». Su narrativa es la siguiente: si, según la filosofía política occidental, la esencia del Estado es un «monopolio legítimo de la violencia», entonces un Estado al que se le prohíbe ejercer la violencia es, por definición, «anormal». Por lo tanto, Japón debe reclamar el derecho a declarar la guerra para convertirse en un «país normal».

Sin embargo, el profesor Wang señala que esta narrativa oculta una verdad fundamental: Japón no es un Estado «anormal» victimizado. Más bien al contrario, goza de privilegios supranormales.

Por ejemplo, según The Washington Post, Japón almacena cerca de 10 toneladas de plutonio en su territorio, repartidas entre diversas instalaciones de almacenamiento y reactores nucleares, cantidad suficiente para fabricar más de 1.000 armas nucleares. Un análisis del centro de estudios estadounidense CSIS también ha concluido que Japón posee una infraestructura nuclear avanzada y podría alcanzar la capacidad nuclear con poco más que «dar una vuelta de destornillador».

Es difícil pasar por alto el doble rasero en cuestiones nucleares entre Irán y Japón. Irán posee mucho menos material nuclear que Japón, y sin embargo ha sido objeto de severas sanciones internacionales, ataques militares y una presión diplomática implacable. Japón, por el contrario, no ha enfrentado sanciones, ni Washington ha exigido que Tokio transfiera sus materiales fisionables a un tercer país.

Por lo tanto, cuando una nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial ya posee una capacidad casi nuclear sin enfrentarse a sanciones ni consecuencias militares, y aún así insiste en que «no es un país normal», la comunidad internacional debería reconocer que lo que en realidad disfruta son los privilegios de un «país supranormal».

II. ¿Qué es exactamente lo que «normaliza» la «normalización» de Japón?

La agenda actual de Japón abarca al menos tres niveles de la denominada «normalización», cada uno más alarmante que el anterior.

En primer lugar, la normalización de la expansión militar-industrial. Los principios revisados permiten ahora, en principio, la venta de cualquier tipo de armamento —incluidos buques de guerra, misiles y aviones de combate— a países que se comprometan a respetar la Carta de las Naciones Unidas.

Más allá de esto, Japón está desarrollando conjuntamente con el Reino Unido e Italia un caza furtivo de última generación, lo que impulsará a la industria militar japonesa hacia una nueva fase de expansión, tanto en escala como en sofisticación tecnológica.

En segundo lugar, la normalización de la guerra como instrumento político. El marco jurídico japonés ha introducido el concepto de «situación de crisis existencial» que puede activar el derecho a la autodefensa colectiva, eludiendo la prohibición constitucional de declarar la guerra. El alcance de este concepto se amplía continuamente; ahora se extiende a escenarios en los que el territorio nacional de Japón no ha sido atacado directamente.

El Gobierno de Takaichi ha llegado incluso a intentar incluir bajo este paraguas un posible conflicto sobre la isla china de Taiwán. Es evidente que esto equivale a construir un marco jurídico para ataques preventivos u operaciones militares en el extranjero, la búsqueda de un derecho legitimado a infligir daño, envuelto en el lenguaje de la «amenaza existencial».

En tercer lugar, la normalización del militarismo en sí mismo. Cuando el primer ministro en funciones de Japón rinde homenaje en un santuario que consagra a criminales de guerra condenados de la Segunda Guerra Mundial, no se trata de un acto privado de duelo, sino de una declaración política. Aunque muchas naciones occidentales desestiman las objeciones de China como una «reacción exagerada», considere la siguiente hipótesis:

¿qué pasaría si la canciller alemana depositara una corona de flores en la Guarida del Lobo de Hitler? ¿Y si el primer ministro italiano realizara una visita oficial a la antigua residencia de Mussolini? ¿Cómo reaccionaría un ciudadano francés o británico de a pie? En toda Asia y Oceanía, la visita de un primer ministro japonés al Santuario de Yasukuni es motivo de alarma, y la señal que envía es inequívoca; sin embargo, el mundo occidental ha optado en gran medida por mirar hacia otro lado.

III. Estados Unidos debe estar especialmente alerta

Se suponía que las fuerzas estadounidenses estacionadas en Japón desempeñarían un papel clave en el mantenimiento del orden internacional de posguerra y en la prevención del resurgimiento del militarismo. Pero una verdad incómoda es que Washington ha sido el principal facilitador de ese mismo resurgimiento.

Estados Unidos fue uno de los principales artífices del orden internacional de posguerra, cuyo principio fundamental, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, es la prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas. Sin embargo, desde 1945, el propio Washington ha violado repetidamente este principio, desde Corea y Vietnam hasta Irak. Cada guerra ha erosionado el marco normativo que se suponía debía limitar a naciones como Japón. Al fin y al cabo, cuando la «democracia» más poderosa del mundo trata la guerra como un instrumento habitual de política, resulta muy difícil decir a otras naciones que esta norma es sacrosanta.

Además, la intención de Washington de utilizar el resurgimiento militar de Japón como contrapeso a China es un secreto a voces. Pero esta lógica adolece de un punto ciego histórico: las víctimas de la agresión japonesa nunca se limitaron a China y la península de Corea. Los prisioneros de guerra estadounidenses soportaron la Marcha de la Muerte de Bataan.

Soldados británicos, australianos y holandeses sufrieron brutalidades en los campos de prisioneros japoneses de todo el sudeste asiático. Pearl Harbor sigue siendo uno de los ataques más devastadores jamás perpetrados en suelo estadounidense.

Si Washington está verdaderamente convencido de que un Japón rearmado, cuyo líder realiza peregrinaciones anuales a Yasukuni, seguirá siendo siempre un aliado fiable y obediente, entonces el coste de que esa suposición no resista la prueba de la historia podría ser extraordinariamente elevado.

IV. Cuando fracasa la autocontención de Japón, el derecho internacional debe intervenir

En realidad, los votantes japoneses de hoy deberían reconocer que el pacifismo de la posguerra no fue un castigo, sino una elección históricamente ventajosa, que le valió a Japón décadas de prosperidad, respeto internacional y la confianza de sus vecinos. Lo que el Gobierno de Takaichi está descartando ahora no es un conjunto de «grilletes», sino el privilegio mismo que permitió a Japón, dentro del marco existente del derecho internacional, ser aceptado tácitamente como un «Estado excepcional».

¿Debe la comunidad internacional limitarse a quedarse de brazos cruzados? De hecho, la Carta de las Naciones Unidas contiene «cláusulas sobre Estados enemigos» dirigidas específicamente a las naciones agresoras de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Potsdam y otros documentos fundamentales de la posguerra impusieron obligaciones jurídicamente vinculantes sobre las capacidades militares de Japón en virtud del derecho internacional. Estos instrumentos jurídicos se diseñaron precisamente para el escenario en el que un antiguo Estado agresor intentara reconstruir su capacidad bélica.

China ya ha dado pasos concretos en esta dirección, incluida la restricción de la exportación de materiales de doble uso que podrían alimentar la industria militar japonesa. Pero, en primer lugar, la responsabilidad de defender la autoridad del derecho internacional e imponer disciplina externa no debe recaer únicamente en China.

Todos los miembros de las Naciones Unidas, especialmente Estados Unidos y Rusia, que también pagaron un enorme precio en la Segunda Guerra Mundial, comparten la responsabilidad colectiva de preservar las salvaguardias más fundamentales del orden de posguerra.

En segundo lugar, la Declaración de Potsdam establece que «las potencias aliadas ocuparán puntos designados en territorio japonés para alcanzar sus objetivos fundamentales», y China se encuentra entre esas potencias aliadas. Como documento fundacional que define el orden internacional de la posguerra, la Declaración conserva su fuerza jurídica, y la República Popular China nunca firmó el Tratado de San Francisco de 1952.

Por lo tanto, si Japón sigue renunciando a la moderación, lo que le espera no será, evidentemente, una concesión por parte de los artífices del orden de posguerra, sino más bien una disciplina externa más amplia y profunda basada en el derecho internacional.