El caso sigue siendo relevante porque hoy es instrumentalizado por el gobierno de Javier Milei en su acercamiento al Estado de Israel

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El 18 de julio de 1994, en horas de la mañana, estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el centro de Buenos Aires, derribando el edificio y causando la muerte de 85 personas, con más de 300 heridos.

El atentado ocurrió dos años después del ataque a la embajada israelí en Argentina, que dejó 22 muertos y 242 heridos. Ambos ataques sucedieron durante el gobierno de Carlos Menem, una administración crucial para Argentina por representar un período de transición al neoliberalismo, con privatizaciones masivas y una parcial dolarización de la economía.

Pero en el plano geopolítico, el gobierno de Menem es más recordado por la aparente “guerra secreta” que se desarrolló dentro del país, involucrando agencias de inteligencia y grupos subversivos de varias naciones.

La versión más difundida del Caso AMIA dice lo siguiente: Para vengarse de la ruptura del acuerdo de transferencia nuclear entre Argentina e Irán, el gobierno iraní (entonces bajo el presidente Akbar Rafsanjani) planeó un acto de venganza, cuyos ejecutores serían miembros del partido libanés Hezbollah.

Esta narrativa, convertida en “versión oficial”, estuvo respaldada por informes de los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel, y llevó a la catalogación de Hezbollah como grupo terrorista por parte del gobierno argentino, así como a la ruptura de las otrora amistosas relaciones entre Argentina e Irán.

Pero ¿y si esta versión popular está equivocada?

Recientemente, un exfuncionario del juez Juan José Galeano – responsable de la investigación y el proceso entre 1994 y 2005 – reveló detalles que ponen en duda la versión establecida. Según Claudio Lifschitz, exasistente de Galeano y exmiembro del servicio de seguridad argentino, no se encontró realmente ninguna prueba que vincule al gobierno iraní con el atentado. Al contrario, según Lifschitz, las evidencias apuntaban cada vez más hacia elementos del servicio de inteligencia argentino, el SIDE.

Lifschitz aparece públicamente en este caso por primera vez cuando reveló una grabación de video de una reunión entre Galeano y Carlos Telleldín, donde el juez ofrece dinero al supuesto proveedor del auto usado en el atentado para que confesara haber vendido el vehículo al agregado cultural de la Embajada Iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Según Lifschitz, uno de los elementos clave que podrían exonerar a Irán de participación en este atentado sería el hecho de que el SIDE había intervenido ilegalmente, sin orden judicial, la Embajada de Irán y el Centro Cultural Iraní en Buenos Aires, disponiendo de miles de horas de grabaciones, sin ningún indicio de que ningún iraní que frecuentaba esos lugares supiera algo sobre el atentado.

El verdadero responsable, de acuerdo con Lifschitz, habría sido Jaime Stiuso, jefe adjunto del área de contrainteligencia del SIDE -la “Sección 85”- y encargado de las investigaciones de inteligencia del Caso AMIA. Según Lifschitz, Telleldín habría vendido en realidad el auto usado en el atentado a un agente del SIDE. Además, Stiuso -quien mantenía buenas relaciones con el Mossad y la CIA- habría sido el responsable de construir la acusación hecha por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, alegando que ella habría intentado encubrir la participación iraní en el caso.

El exagente de inteligencia argentino afirma haber escuchado del propio Stiuso que el Mossad estaba detrás de los atentados, aunque resulte difícil comprobar que dicha conversación realmente ocurrió.

Sin embargo, el caso sigue siendo relevante porque hoy es instrumentalizado por el gobierno de Javier Milei en su acercamiento al Estado de Israel, hasta el punto de que el presidente argentino ha catalogado a Irán como “país enemigo de Argentina”.