Thierry MEYSSAN

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Después de haber ninguneado a Benyamin Netanyahu, cuando este llegó a la Casa Blanca pidiéndole que le permitiera anexar Gaza, el presidente Donald Trump da la impresión de estar dispuesto a tomar el territorio palestino bajo control estadounidense. Mientras que Tel Aviv se prepara para anexar toda la Palestina que alguna vez estuvo bajo el mandato británico y que, por el contrario, Egipto y Jordania se disponen a entregar las llaves a la Autoridad Palestina, aparecen los planos de una gran operación inmobiliaria, cuyo monto ascendería a 100 000 millones de dólares.

La Marcha del Regreso, foto de Steve Sabella, extraída de su álbum “The great march of return”.

El 27 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump realizó en la Casa Blanca una reunión especial para oír propuestas sobre el futuro de Gaza. Además del vicepresidente J. D. Vance, del enviado especial Steve Witkoff y del secretario de Estado Marco Rubio, también estuvieron presentes el ex primer ministro británico Tony Blair y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos Ron Dermer.

No se emitió ningún comunicado público sobre esa reunión de consulta. Pero, según el Washington Post, se concluyó que la franja de Gaza sería «administrada por Estados Unidos durante al menos 10 años» y que en ese periodo de tiempo «se transformaría en un brillante complejo turístico y centro de fabricación de alta tecnología», mediante una inversión colosal ascendente a 100 000 millones de dólares.

Esa posible operación corresponde a la visión de los “jacksonianos” estadounidenses. En efecto, en 1830, el entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson promulgaba su “Ley sobre la Deportación de los Indios” (Indian Removal Act). Para poner fin a las guerras contra los pobladores originarios –los llamados “indios” o “pieles rojas”–, el presidente Andrew Jackson propuso asignarles ciertas tierras, que se denominaron “reservas”, en vez de seguir masacrándolos. El traslado fue particularmente mortífero –tanto que aquel episodio pasó a la historia como el “Sendero de Lágrimas”– para los cheroquis, que aceptaron aquella forma de paz, rechazada por otros pueblos originarios. Dos siglos después, sólo los cheroquis se han enriquecido, mientras que los demás grupos de pobladores originarios quedaron marginados. Es indudable que aquel método del presidente Jackson puso fin al genocidio desatado contra los pobladores originarios de los actuales Estados Unidos de América, pero ¿a qué precio?

El proyecto que el presidente Trump elabora hoy es tan chocante para los palestinos como lo fue el de Jackson para los cheroquis. Pero propone una solución para lo que nadie ha logrado resolver. ¿Se darán por satisfechas todas las generaciones de palestinos que han luchado durante decenios por hacer valer sus derechos? El derecho internacional estipula que ningún pueblo puede ser expulsado de su tierra y la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sostenido constantemente que garantiza el derecho al regreso a los palestinos que fueron expulsados por la fuerza de sus tierras en 1946.

Así lo confirman la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU (adoptada el 11 de diciembre de 1948) y la resolución 237 del Consejo de Seguridad (adoptada el 14 de junio de 1967). Hace 7 años, la población civil palestina organizaba la “Marcha del Regreso”. Sin vacilar, el ejército de Israel abrió fuego sobre la multitud de civiles palestinos que reclamaban pacíficamente su derecho al retorno. El saldo fue de al menos 120 muertos y 4 000 heridos. Parece simplemente ilusorio creer que un pueblo que ya ha sido capaz de pagar ese precio acepte fácilmente el proyecto del presidente Trump.

Los participantes en la reunión de la Casa Blanca se plantearon pagar 23 000 dólares por persona a cada familia que acepte abandonar Gaza. Ya se han establecido contactos con países como Libia, Etiopía, Sudán del Sur, Indonesia y el Estado no reconocido de Somalilandia, aunque ninguna de esas partes ha confirmado la existencia de tales contactos. El equipo del presidente Trump pretende obtener así el desplazamiento voluntario de al menos una cuarta parte de la población de Gaza.

Según el Financial Times, el Tony Blair Institute for Global Change (TBI) y el Boston Consulting Group (BCG) ya han realizado reuniones comunes de trabajo sobre el proyecto que convertiría la franja de Gaza en la “Riviera” del Medio Oriente, proyecto denominado The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust). Fue en esas reuniones preparatorias donde se cocinó la creación de la Gaza Humanitarian Foundation.

Durante el verano que ya termina, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), creada según el derecho suizo, asumió la distribución de ayuda humanitaria en Gaza, en lugar de la autoridad israelí de ocupación, de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja Internacional y de otras asociaciones humanitarias. Se evitó así la intervención del Hamas en la distribución… pero esa forma de distribución ha permitido al ejército de Israel asesinar cerca de un millar de los civiles que acudían a los centros de GHF en busca de comida. El escándalo de la GHF ha sido objeto de una condena unánime, incluso por parte de personalidades judías israelíes.

En la práctica, la GHF fue creada por el Mikveh Yisrael Forum, entre cuyos dirigentes se cuentan Yotam HaCohen, consejero estratégico de Benyamin Netanyahu e hijo del ex general Gershon HaCohen; Liran Tankman, ex oficial de la inteligencia israelí; y Michael Eisenberg, personaje que se dedica a las inversiones de alto riesgo y que ostenta la doble nacionalidad estadounidense e israelí. La mayoría de los líderes del Mikveh Yisrael Forum se unieron a Ghassam Alian, el jefe de la Coordinación de Actividades Gubernamentales [de Israel] en los Territorios [palestinos ocupados] (COGAT). Al parecer, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) recibió 100 millones de dólares de financiamiento proporcionado por un Estado europeo hasta ahora no identificado.

TRIAL International, una ONG con sede en Suiza, ha presentado 2 conclusiones jurídicas solicitando a las autoridades suizas que investiguen la conformidad de GHF con las normas del derecho suizo y del derecho internacional humanitario. TRIAL Internacional señala que es necesario aclarar si las asociaciones humanitarias pueden o no recurrir a compañías privadas de servicios militares. En efecto, desde el primer momento, el ex marine estadounidense Jake Wood, renunció al puesto de director ejecutivo de GHF. Esta última recurrió entonces a los servicios de Philip F. Reilly y de su empresa de servicios militares privados, Safe Reach Solutions. Reilly fue miembro del 7º grupo estadounidense de operaciones especiales, cuyas intervenciones se han concentrado en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y se convirtió en jefe de la rama paramilitar de la CIA –conocida entonces como División de Actividades Especiales y posteriormente rebautizada como “Centro de Actividades Especiales”. Hacia 2008 y 2009, Reilly dirigió la estación de la CIA en Afganistán y fue jefe de operaciones del Centro de Misiones Antiterroristas de la agencia, el centro que dirigió el controvertido programa de ataques con drones de la CIA durante la llamada “guerra contra el terrorismo”. Ya con esa hoja de servicios, Reilly pasó al sector privado como vicepresidente senior de la empresa militar privada Constellis, propietaria de la firma de reclutamiento de mercenarios antes conocida como Blackwater. Finalmente, Reilly trabajó también para Orbis, otro ejército privado. En cuanto a Gaza, si fuese cierto que no son los soldados de Israel quienes matan a los civiles palestinos que tratan de conseguir comida en las instalaciones de GHF, entonces los asesinos serían los hombres de Philip F. Reilly.

El proyecto estadounidense para el futuro de Gaza, según sus promotores –los 3 eficientes profesionales Jared Kushner, Donald Trump y Steve Witkoff–, sería digno de Dubái y numerosas transnacionales ya se han implicado.

Para agrupar a los pobladores de Gaza, el gobierno sionista revisionista de Benyamin Netanyahu ha dado instrucciones de crear en Rafah una “ciudad de tiendas” para 600 000 personas, que teóricamente dispondrían allí de comida y hospitales, pero sin poder salir de ese lugar. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, había declarado el 14 de mayo, en una conferencia de prensa: «Los civiles serán enviados al sur, a una zona humanitaria, y de allí comenzarán a partir en gran número hacia terceros países.»

El propio jefe del gobierno israelí, Benyamin Netanyahu, se expresó al respecto el 13 de agosto, en hebreo, en i24News. Netanyahu dijo haber asumido una «misión histórica y espiritual», asegurando su gran apego a la visión de un «Gran Israel». A los 75 años, Benyamin Netanyahu proclama públicamente su devoción por las ideas de su inspirador, Vladimir “Zeev” Jabotinsky, el fundador del sionismo revisionista.

Anteriormente, el 23 de julio, el parlamento israelí había adoptado, por mayoría de 71 votos contra 13, una ley no vinculante en la que invita el gobierno a anexar Cisjordania antes de que otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU otorguen su reconocimiento al Estado palestino.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, expresó su apoyo a la anexión israelí. A principios de agosto de 2025, al visitar la colonia israelí de Ariel, Mike Johnson declaró que pensaba que «Judea y Samaria» [la denominación que dan los sionistas a Cisjordania] pertenecen al pueblo judío y expresó su respaldo a la extensión de la soberanía de Israel a ese territorio palestino. Era la primera vez que una personalidad estadounidense de tan alto nivel visitaba una implantación israelí en Cisjordania. Por ahora, la administración Trump se mantiene prudentemente al margen de ese movimiento, sobre todo porque apuesta a fondo por el fortalecimiento de los Acuerdos de Abraham con los Estados árabes.

Por su parte, según una encuesta realizada en diciembre de 2024 por el Instituto de Estudios sobre la Seguridad Nacional, un 34% de la opinión pública israelí rechaza la anexión de territorios palestinos, un 21% estima que habría que limitar la anexión a las colonias ya existentes y otro 21% opina que hay que anexar todo.

Mientras tanto, Egipto y Jordania se niegan a creer en la anexión y siguen formando cientos de jóvenes palestinos fieles al movimiento al-Fatah para conformar una fuerza de seguridad de 10 000 hombres con vistas a poner la Autoridad Palestina en el poder en la franja de Gaza. Por otro lado, Arabia Saudita y Francia tienen previsto reconocer el Estado de Palestina durante la Asamblea General de ONU y la Autoridad Palestina prepara la proclamación de independencia.

Principales fuentes:
« אמון באישיםובמוסדות », Institute for National Security Studies, diciembre de 2024.
«אור בקצה המנהרה: לקראת מערכה אזרחית», יותם הכה in Centro Dado por el Pensamiento Militar Interdisciplinario, número 41, julio de 2024.
“New Gaza Aid Plan, Bypassing U.N. and Billed as Neutral, Originated in Israel”, Patrick Kingsley, Ronen Bergman y Natan Odenheimer, The New York Times, 24 de mayo de 2025.
“Israelis, a former CIA official and $100M: The real players in the Gaza aid scheme”, Israel Hayom, Erez Linn, 25 de mayo de 2025.
“Tony Blair’s staff took part in ‘Gaza Riviera’ project with BCG”, Financial Times, 7 de julio de 2025.
“Tony Blair thinktank worked with project developing ‘Trump Riviera’ Gaza plan”, Ben Quinn, The Guardian, 7 de julio de 2025.
“Israeli Official: Netanyahu Supports Plan to Concentrate Gazans Into ’Humanitarian City’”, Liza Rozovsky, Haaretz, 8 de julio de 2025
“Exclusive: Proposal outlines large-scale ‘Humanitarian Transit Areas’ for Palestinians in Gaza”, Jonathan Landay y Aram Roston, Reuters, 11 de julio de 2025.
“Boston Consulting Group modelled plan to ‘relocate Palestinians’ from Gaza to Somalia”, Middle East Eye, 7 de agosto de 2025.
“Egypt Is Training Palestinian Forces to Take Over Postwar Gaza”, Summer Said y Benoit Faucon, The Wall Street Journal, 27 de agosto de 2025.

Publicado originalmente por  Voltairenet