El doctor Salem Nasser, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo, es uno de los muchos académicos que están siendo víctimas de la persecución sionista en Brasil.
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El doctor Salem Nasser, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo, es uno de los muchos académicos que están siendo víctimas de la persecución sionista en Brasil. En una entrevista con SCF, denuncia que su libertad de cátedra está siendo atacada, en un intento de censurar sus críticas públicas —sobre todo fuera del aula— al genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino de Gaza.
En realidad, no es la primera vez que Nasser sufre persecución por parte del lobby sionista. A través de reuniones, llamadas telefónicas y cartas, desde hace muchos años personas que dicen representar a la Confederación Israelita de Brasil (Conib), la Federación Israelita del Estado de São Paulo (FISESP), el Club Hebraica y, a veces, algunos grandes empresarios judíos, han presentado quejas a los rectores y profesores de la FGV y de otras instituciones de educación superior en São Paulo, como la PUC-SP y la ESPM, por garantizar la libertad de cátedra de Nasser al permitir su participación en eventos, conferencias y debates públicos sobre la Cuestión Palestina.
Sin embargo, a partir del 7 de octubre de 2023, cuando la Resistencia Palestina respondió a las operaciones militares que Israel realiza desde 1948 y que ya han matado a miles de palestinos en Gaza, Cisjordania y Palestina ocupada —respuesta que llevó a una intensificación sin precedentes del genocidio contra los palestinos—, las presiones del lobby sionista en Brasil cambiaron de nivel. “Después del 7 de octubre, se evidenció una ampliación de las estrategias y la presión sobre mí y sobre la FGV se manifestó de varias formas”, dice a SCF. “Esencialmente, el esfuerzo parece haber sido una forma de acoso, conforme lo estipula el código penal.”
El 10 de octubre de ese año, el profesor publicó un artículo en el periódico Folha de S.Paulo, que fue duramente atacado en redes sociales. Los perfiles críticos hacia él pidieron a la FGV su despido, ejerciendo presión sobre la entidad que lo emplea, lo que constituye acoso. Poco después, se inició una petición en línea acusándolo de defender terroristas y de violar el código de ética de la institución, lo que supuestamente pondría en riesgo a los estudiantes de fe judía. Miembros del lobby sionista incluso realizaron llamadas telefónicas pidiendo a las personas que firmaran la petición. Los estudiantes solidarios con Nasser respondieron con otra petición, en su defensa, que rápidamente obtuvo más adhesiones que la promovida por los sionistas.
Los ataques de “haters” y la petición fueron seguidos por presiones directas a la FGV. Representantes de la Conib y del empresariado judío hicieron llamadas telefónicas, incluso a la presidencia de la institución, expresando su descontento con el artículo de Nasser y exigiendo reuniones con la dirección. Algunos alumnos también comenzaron a presentar quejas ante la dirección de la fundación sobre el contenido impartido en clase, no solo sobre sus artículos en la prensa y sus comentarios en televisión. Acusaban al profesor de adoctrinamiento ideológico y antisemitismo expresado en su artículo. En respuesta, Nasser, con el permiso de la institución, pasó a discutir abiertamente el contenido de su artículo con los alumnos, recibiendo el apoyo de los estudiantes. Finalmente, algunos alumnos contrarios también presentaron quejas, por canales institucionales, sobre un video en el canal de YouTube de Nasser, acusándolo nuevamente de violar el código de ética de la fundación y de poner en riesgo a los estudiantes judíos por su supuesta defensa del terrorismo.
“Esta vez, a diferencia de las anteriores, la presión sobre la FGV se hizo pública. Entonces el lobby se dio cuenta de que no sería inteligente continuar con esos métodos, porque la repercusión sería muy negativa para ellos”, evalúa Nasser. La Conib llegó a amenazarlo con una demanda judicial, pero no la concretó.
El resultado obvio, esperado por el lobby sionista, sería la salida del doctor Salem Nasser de la Fundación Getulio Vargas. Según él, “el objetivo es poner un peso sobre la institución y sobre mí, como diciendo que harán que mi actuación profesional sea cada vez más costosa para la institución y para mí mismo”. De la misma manera, se ejerce presión sobre los medios de comunicación para que no publiquen artículos como los suyos, críticos con Israel.
En este mismo sentido, la Conib ha estado promoviendo la aprobación del Proyecto de Ley 472/25, propuesto por el diputado Eduardo Pazuello, exministro de Salud durante el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando más de 700.000 brasileños murieron de COVID-19. Este proyecto propone criminalizar a cualquier ciudadano que critique al Estado de Israel, justificando que eso constituiría “antisemitismo”. La Conib también invierte fuertemente en la producción y publicación de materiales en los que predica la equivalencia entre “antisemitismo” y la discriminación contra negros y homosexuales, señalando que criticar las acciones de Israel es diseminar “discurso de odio”.
“Hay un trabajo de construcción, piedra por piedra, para que se llegue a un momento en que nadie pueda criticar al Estado de Israel por miedo incluso a ser arrestado”, concluye Nasser.