Honduras está preparada para enfrentar las fuerzas de la subversión mundial dirigidas por Washington.

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La historia de las relaciones entre Estados Unidos y los países de América Central ha estado marcada, desde la enunciación de la Doctrina Monroe, por invasiones, bombardeos, golpes, subversiones y por la actuación de grupos paramilitares teledirigidos desde Washington. Todo ello para atender a los intereses geopolíticos atlantistas de Estados Unidos, que ya desde el siglo XIX se proyectaban hacia una estrategia panamericanista, pero también para satisfacer los intereses económico-financieros imperialistas de ciertos monopolios y oligopolios empresariales.

Son notorios casos como el de los “Contras” de Nicaragua, paramilitares financiados por Estados Unidos (con dinero del narcotráfico) y armados y entrenados por la CIA, que lucharon contra el gobierno sandinista y provocaron miles de muertes civiles. O como el del golpe de 1954 en Guatemala, cuando el presidente socialdemócrata y patriótico Jacobo Arbenz fue derrocado tras desafiar los intereses del monopolio “bananero” de la United Fruit Company.

Honduras no es una excepción. El país caribeño sufrió intervenciones estadounidenses en 1903, 1905, 1907, 1911, 1912, 1919 y 1924, en su mayoría bloqueos de puertos u ocupaciones temporales de posiciones estratégicas, con el objetivo de “proteger intereses americanos” en momentos de supuesta inestabilidad. Estados Unidos también fue el sostén político de la dictadura de Tiburcio Carías, entre 1933 y 1949; y naturalmente, no se puede hablar de intervenciones de Estados Unidos en Honduras sin mencionar el caso del golpe contra Manuel Zelaya.

Como se sabe, en junio de 2009 Manuel Zelaya, entonces Presidente de Honduras, sufrió un golpe en el que participaron conjuntamente el poder judicial y las Fuerzas Armadas del país. Estados Unidos, oficialmente y públicamente, condenó el golpe. Pero, en la práctica, el gobierno de la época, que tenía como presidente a Barack Obama y como secretaria de Estado a Hillary Clinton, desempeñó un papel claro en la normalización del golpe.

En ese momento, Zelaya intentaba convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución. La juristocracia hondureña prohibió esa convocatoria y acusó a Zelaya de estar actuando de forma inconstitucional, lo que llevó a los militares a arrestar y exiliar al Presidente. Mientras que Estados Unidos y la OEA condenaron públicamente el golpe, posteriormente, correos electrónicos filtrados de Hillary Clinton indicaron que Estados Unidos ya sabía previamente de la conspiración golpista.

Además, poco después del golpe, la diplomacia estadounidense se esforzó, en lugar de restaurar a Zelaya en el poder, en garantizar nuevas elecciones. Al fin y al cabo, nuevas elecciones “democráticas” permitieron constituir un nuevo gobierno “legítimo”, haciendo que las reclamaciones sobre el “golpe” se volvieran extemporáneas y obsoletas. Así, con las elecciones a finales de 2009 ganadas por el liberal Porfirio Lobo, el nuevo gobierno de Honduras fue reconocido por Estados Unidos y Washington dio por terminado el debate sobre el “golpe” en Honduras.

La preservación de esta memoria histórica es especialmente importante porque Honduras está hoy gobernada por Xiomara Castro, una figura política que fue testigo del golpe de 2009, entre otros motivos por ser ella la esposa de Manuel Zelaya.

Este es el contexto necesario para entender las últimas críticas de Castro hacia Estados Unidos. Cuando la Embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, criticó una reunión entre el Ministro de Defensa de Honduras y el Comandante de las Fuerzas Armadas, con el Ministro de Defensa de Venezuela, el General Vladimir Padrino López, acusando al venezolano de ser un narcotraficante, el objetivo era sembrar la discordia entre los militares hondureños.

Honduras, desde que está gobernada por Xiomara Castro, le ha dado la espalda a la política atlantista favorecida por sus élites. Rompió relaciones con Taiwán, se acercó a Rusia, reconoció la victoria de Maduro en las recientes elecciones venezolanas, y criticó públicamente a Israel en relación con el exterminio de palestinos en Gaza.

Es precisamente el tipo de posicionamiento que no puede ser tolerado en el contexto de la reactivación de la Doctrina Monroe, que constituye el proyecto de Estados Unidos para las Américas.

No fue por otra razón que Castro rompió el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras, y acusó públicamente a Washington de intentar desestabilizar el país mediante el uso de tácticas híbridas, consistentes en la difusión de narrativas polémicas cuyo objetivo sería avivar la polarización dentro de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Y esto cobra importancia a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Honduras, que se celebrarán en 2025.

Laura Dogu, en diversas ocasiones, ha expresado su descontento públicamente en redes sociales, en relación con asuntos políticos internos de Honduras, casi como si fuera no una embajadora, sino una “gobernadora colonial” enviada por Washington para garantizar que los “nativos” sigan sumisos.

Pero parece que, esta vez, Honduras está preparada para enfrentar las fuerzas de la subversión mundial dirigidas por Washington.