Tanto en público como en privado, petistas y sectores oficialistas se muestran optimistas respecto a la reelección de Lula.

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A finales de este año, Brasil celebrará elecciones generales. En público, el optimismo sobre la reelección del presidente Lula es prácticamente unánime entre los miembros del PT y los sectores más leales al gobierno. En privado, ese optimismo sigue predominando, pero ya no es absoluto. Existen preocupaciones sobre la manera en que el gobierno y el PT están gestionando las controversias que involucran al presidente.

Lo que inquieta a algunos sectores del PT son los escándalos políticos a nivel nacional, ampliamente difundidos por los medios de comunicación y explotados por los adversarios para intentar vincular directamente el nombre del presidente. Ya son tres escándalos consecutivos que han encendido la señal de alerta.

El primero fue el caso de corrupción en el INSS y la posibilidad de que Lulinha, hijo de Lula, fuera convocado a declarar ante la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) en diciembre de 2025. Eso finalmente no ocurrió, lo que representó una victoria para el gobierno. Sin embargo, fue una victoria parcial: el simple hecho de que el nombre de su hijo apareciera en el caso ya perjudica a Lula, reforzando su asociación con la corrupción y consolidando prejuicios en el electorado de derecha y centroderecha.

Pero no solo su hijo podría estar implicado. Su hermano, Frei Chico, fue uno de los primeros nombres mencionados cuando se destapó el escándalo en el INSS. Incluso el propio Lula podría llegar a ser mencionado en alguna investigación, dado que parte de la corrupción habría ocurrido durante su tercer mandato. Ese temor existe dentro del PT, y por eso ningún parlamentario del partido firmó la solicitud para crear la CPMI.

Aunque Lula no tenga ninguna implicación real en el escándalo, dentro del partido se sabe que investigaciones, declaraciones, pruebas y noticias pueden ser distorsionadas o manipuladas por actores interesados en comprometerlo, ya sea desde dentro de los esquemas investigados o desde las propias instituciones. Miembros de la Policía Federal, del Congreso o de la prensa podrían desempeñar ese papel. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, como en el Mensalão y en la Operación Lava Jato.

Además, aliados importantes de Lula también podrían verse involucrados. Este es otro motivo por el cual el PT no apoya una CPMI sobre el INSS: la presión de aliados dentro del Congreso Nacional. Si el partido respaldara la investigación, pondría en riesgo sus frágiles alianzas con el centrão. Lo mismo ocurre con la posibilidad de una CPMI sobre el Banco Master.

Solo un senador del PT firmó la solicitud para crear la CPMI del Master. La preocupación es que, dada la amplia repercusión pública —tanto nacional como internacional—, cualquier vínculo que se establezca entre Lula y el banquero Daniel Vorcaro podría desencadenar una nueva campaña sobre la corrupción del PT. Incluso si Lula no estuviera directamente involucrado, el gobierno es vulnerable debido a las alianzas establecidas con diversos partidos del centrão, considerados ampliamente como los más corruptos. Al asociarse con estos sectores y aceptar la lógica de hacer concesiones a cambio de apoyo —lo que, en última instancia, implica transferencia de recursos—, Lula y el PT entran en un juego peligroso que puede volverse en su contra en cualquier momento. El escándalo del Master podría ser ese momento.

El nombre de Lula y el de personas de su confianza —al menos públicamente—, como Gabriel Galípolo, Guido Mantega, Jaques Wagner y Rui Costa, ya han sido mencionados en relación con Vorcaro, incluyendo reuniones fuera de agenda y alianzas institucionales con empresas del banquero. Esto está siendo explotado por la oposición y por periodistas, no solo por los bolsonaristas. El caso del Banco Master, que también involucra al ministro del STF Dias Toffoli, revela hasta qué punto altos funcionarios del Estado mantienen vínculos estrechos con el sector privado. Si incluso los ministros del STF, hoy entre los hombres más poderosos del país, enfrentan intensa presión de la prensa, del Congreso, del bolsonarismo y de empresarios, no sería difícil que el escándalo se canalizara hacia el gobierno federal a pocos meses de las elecciones.

Incluso si ninguno de estos dos escándalos logra afectar directamente a Lula, es posible que, al menos en el caso del Master, el PT sufra un impacto significativo debido a las relaciones que se mencionan con el PT de Bahía. El gobierno de Bahía es un activo estratégico del partido a nivel nacional para movilizar recursos y alianzas en la campaña presidencial. Si allí el partido resulta afectado por el caso Master, podría perder aliados, apoyo político y recursos financieros importantes para Lula. Además, el daño se extendería al conjunto del partido y al propio gobierno, dado que Rui Costa es ministro de la Casa Civil y Jaques Wagner —principales figuras del PT bahiano— es líder del gobierno en el Senado.

Por último, en relación con el caso Master, es evidente que dentro de determinadas instituciones —la Receita Federal, la Policía Federal e incluso el Poder Judicial— existen divisiones y tensiones con ministros del STF. Esto no significa necesariamente que se estén fabricando mentiras contra ellos, sino que posibles irregularidades pueden filtrarse con facilidad por acción de adversarios internos, funcionarios de menor rango con intereses personales o empleados vinculados a rivales políticos dentro de la propia institución. Si esto ocurre en el STF, que en los últimos años ha operado de manera relativamente homogénea y sin grandes crisis, cabe imaginar lo que podría suceder dentro del gobierno federal, que es una coalición heterogénea con intereses diversos y contradictorios, en un año electoral.

En cualquier caso, aun si el nombre del presidente o el de sus aliados no aparece vinculado directamente al escándalo, el impacto propagandístico será considerable. Los adversarios de Lula utilizarán la relación de cercanía y alianza entre el gobierno federal y el STF desde el 8 de enero para reforzar la narrativa de que Lula está rodeado de “delincuentes”, que forma parte del “sistema” y que se sostiene sobre instituciones que no merecen confianza.

El tercer foco de preocupación es el homenaje a Lula realizado en el Carnaval por la escuela de samba Acadêmicos de Niterói. Una notificación nacional del PT hizo público el nivel de inquietud del partido ante este episodio. Después de pedir a sus miembros que evitaran incluso hacer publicaciones en redes sociales durante el desfile, el PT advirtió: “destacamos que cualquier acción que incumpla estas recomendaciones puede perjudicar significativamente al Partido de los Trabajadores y al Presidente Lula”.

Además de posibles problemas con la justicia electoral, el contenido del desfile generó preocupación porque está siendo utilizado por el bolsonarismo para intensificar la campaña contra Lula entre el electorado evangélico. Lula y el PT han intentado acercarse a este sector, con resultados todavía frágiles. Sus adversarios explotarán con fuerza la cuestión moral durante la campaña, aprovechando críticas y burlas derivadas del desfile “lulista” dirigidas contra los evangélicos. Lula también podría perder apoyo más amplio, no solo entre evangélicos, debido al descenso de la escuela de samba a la segunda división, lo que será presentado por la propaganda bolsonarista como prueba de que todo lo relacionado con Lula fracasa y de que el gobierno es un fracaso.

En general, tanto en público como en privado, petistas y sectores oficialistas se muestran optimistas respecto a la reelección de Lula. Sin embargo, especialmente el episodio del homenaje en el Carnaval ha generado la percepción de que podrían surgir obstáculos más graves para la victoria electoral. “La reelección de Lula será muy difícil. La derecha está muy cohesionada y organizada. La disputa será muy dura, pero creo que Lula va a ganar”, resume una asesora, reflejando el sentimiento predominante entre los sectores gubernamentales.