La Línea

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El 7 de junio de 2021 se produjo un terremoto político en Perú. Un outsider de la política, el maestro rural Pedro Castillo, fue electo presidente de la República con la promesa de transformar un sistema político y económico construido sobre grandes abismos entre la población peruana.

La primera medida tomada por este gobierno popular fue la iniciativa del canciller Héctor Béjar de salir del Grupo de Lima con vistas a debilitar la operación de cambio de régimen en Venezuela iniciada por Estados Unidos. La decisión soberana del canciller le costaría el puesto. Apenas quince días después de asumir el cargo fue destituido por el Congreso.

Este acto de bravura geopolítica en un país donde tradicionalmente reina la sumisión al imperialismo iba a ser el último de los meses de mandato de Pedro Castillo. Atacado permanentemente por los poderes legislativo, judicial, económico y mediático, el presidente abandonó el frente de la política exterior a diplomáticos de carrera que reprodujeron las líneas tradicionales de sus predecesores.

Sin embargo, esta transgresión inicial no fue del gusto de Washington. A pesar de no tener malas relaciones con el gobierno de Pedro Castillo, la incertidumbre sobre lo que podría pasar llevó al imperio a precipitar la caída del profesor peruano.

La participación de Estados Unidos en el golpe contra Castillo el 7 de diciembre de 2022 se evidencia en la activa agenda de la entonces embajadora Lisa Kenna los días previos al golpe. Esa semana la funcionaria se reunió con el exministro de Defensa Nicolás Bobbio, el presidente del Congreso Williams Zapata, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, entre otros personajes claves en la conspiración.

Una vez consumado el golpe y juramentada Dina Boluarte como mandataria, Estados Unidos a través de una llamada telefónica del jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, fue el primer país en reconocerla como presidenta.

Desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, el peso de Estados Unidos sobre Perú se reforzó significativamente. Tanto la exembajadora Lisa Kenna como el encargado de negocios John McNamara y la recién nombrada embajadora Stephanie Syptak-Ramnath mantuvieron y siguen manteniendo reuniones semanales con ministros, altos mandos de las fuerzas armadas y policiales, además de autoridades del Congreso, del Poder Judicial o directivos de instituciones autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones. El desempeño de la embajada norteamericana trasciende los límites del comportamiento diplomático entre países soberanos, lo que configura una clara injerencia.

Durante estos casi dos años de gobierno de Boluarte, Estados Unidos ha reforzado su presencia y control sobre el territorio peruano a través de la permanente coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. De este modo, en marzo de 2023, apenas unos meses luego del golpe contra Castillo, el Ministerio del Interior y la embajada norteamericana establecieron un compromiso de cooperación en materia de seguridad urbana y de lucha contra el narcotráfico. Este acuerdo incluyó la visita de Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, quien se reunió con el ministro de Interior, Víctor Torres, para programar “la capacitación” de la policía peruana y erradicar 25 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca.

En materia de defensa, la actividad ha sido mayor. El 19 de mayo de 2023 el Congreso peruano aprobó la Resolución Legislativa 4 766, que autoriza el despliegue de tropas estadounidense en Perú. Desde esta fecha, 1 500 soldados del ejército de Estados Unidos operan en suelo peruano realizando acciones de capacitación, maniobras conjuntas, despliegue territorial y operaciones encubiertas. En diciembre de 2023, el Congreso votó para ampliar la vigencia de la ocupación militar estadounidense hasta diciembre de 2024.

En septiembre de 2023 Dina Boluarte sostuvo una reunión con el asesor especial para las Américas de Estados Unidos, Chris Dodds. La visita de Dodds tuvo como objetivo el fortalecimiento de la Alianza por la Prosperidad Económica, una estrategia promocionada por Estados Unidos para intentar contrarrestar la integración latinoamericana y reforzar el libre mercado en la región. Vale recordar que, en enero de 2023, pocos días después de la destitución de Castillo, Boluarte sumó a Perú en esta iniciativa que cuenta con el respaldo de solo 11 países de los 35 de América Latina y el Caribe.

El mismo mes, el 17 de setiembre de 2023, la general Laura Richardson se reunió con el ministro de defensa de Perú, Jorge Chávez, para tratar la cooperación en materia de seguridad. En la entrevista participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez, altos mandos de las fuerzas armadas y los comandantes de la fuerza aérea, la marina y el ejército peruanos. También participó en las conversaciones el Encargado de Negocios en Perú, John McNamara. La general Richardson también visitó la Unidad de Investigación Médica Naval SUR (Namru Sur), un biolaboratorio estadounidense ubicado en la selva peruana. Esta singular unidad científica es una de las tres que tiene la Marina estadounidense en todo el mundo. El equipo de Namru Sur trabaja en la investigación y vigilancia de enfermedades infecciosas.

En octubre de 2023, un mes después de la visita de Richardson, el Comando Especial de Operaciones Sur (Special Operations Command South), unidad que controla todas las Fuerzas de Operaciones Especiales al interior del Comando Sur (US SouthCom), realizó un ejercicio con la Fuerza Especial Conjunta de Perú. Durante el adiestramiento se utilizó material variopinto para las actividades: desde ametralladoras 7,62mm M240L, pasando por fusiles de asalto FN SCAR, así como fusiles de precisión Accuracy International AW y Knight’s Armament M110 SASS.

También en octubre de 2023 el ministro de defensa de Perú, Jorge Chávez, se reunió con el entonces asesor principal de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, así como con los subsecretarios adjuntos para el Hemisferio Occidental de los departamentos de Estado y de Defensa, Mark Wells y Daniel Erikson, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y anunció la cooperación de las Fuerzas Aéreas de Perú con sus homólogos de Estados Unidos para otorgarles el control del espacio aéreo peruano, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. A raíz de estos encuentros, Juan Gonzalez declaró que Estados Unidos “consideraba importante la presencia de Dina Boluarte en la cumbre APEC de noviembre de 2024”, lo que dio a entender que no respaldarían la vacancia o destitución de Boluarte.

Ya en el año 2024, miembros de la Fuerza Espacial de Estados Unidos visitaron Perú en el marco de la creación de un puerto espacial dentro de la base de “El Pato”, localidad de Talara, en el norte del país, sede de la refinería de Petroperu. Este puerto espacial operaría bajo una concesión a Estados Unidos por un periodo inicial de 20 años, lo que refuerza el control militar que el país del norte mantiene sobre los territorios peruanos y la soberanía aeroespacial.

Contener la influencia de China

Perú es un terreno de enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China. Durante años había sido un modelo de ultraliberalismo donde Washington no conocía rival comercial. Sin embargo, el intercambio comercial entre China y Perú pasó de 704,6 millones de dólares en el año 2000 a 36,7 mil millones de dólares en 2023. Desde hace una década China es el primer socio comercial de Perú. Las empresas chinas se concentran en la minería, la energía y ahora la infraestructura. A pesar de tener gobiernos alineados con Estados Unidos desde la caída del general Velasco, China ha logrado controlar sectores estratégicos de la economía peruana.

Ante tal escenario, Washington ha desplegado su influencia política para contener el avance chino. En noviembre de 2023 Estados Unidos manifestó su preocupación de que China esté ganando control sobre partes críticas de la infraestructura peruana, incluida la totalidad del suministro de electricidad a Lima y el megapuerto de Chancay, hub portuario que unirá América del Sur con Asia. Una fuente cercana al gobierno de Boluarte declaró al Financial Times que “el capital chino ha adquirido empresas eléctricas, mineras y otras. Geopolíticamente hablando, las preocupaciones de Estados Unidos estarían justificadas”.

Por su parte, Gonzalo Ríos Polastri, subdirector general de Cosco Shipping Ports Chancay Perú —empresa mixta cuyo socio mayoritario es la empresa pública china Cosco Shipping—, dijo que la inversión de China en Chancay es “100% comercial”, y agregó: “Esta es una inversión de empresas privadas de acuerdo con las reglas del mercado. Puede tener diferentes lecturas geopolíticas, pero no es una inversión que tenga ningún tipo de implicación para la seguridad nacional”. Si la defensa de Ríos Polastri se inscribe en un marco de libre comercio, no puede ocultar la molestia de Washington con la construcción del puerto de Chancay.

Todo indica que el gobierno peruano va a mantener una ambivalencia con respecto al megapuerto y a las inversiones chinas. Si bien es cierto que Boluarte fue recibida en Beijing por el presidente Xi Jinping en julio de 2024, algunos sectores de su propio gobierno intentaron presionar o derrumbar el proyecto sin que la mandataria designada lo impida o fije un rumbo geopolítico a su gobierno.

Justamente, en abril de 2024 existió un intento de presión mediante la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que demandó a la empresa Cosco Shipping a raíz de una consulta del estudio de abogados Olaechea, cuya cartera de clientes incluye importantes empresas norteamericanas como Blackrock, JP Morgan o General Electric. La maniobra buscaba quitar a China la exclusividad de los servicios portuarios dentro de las instalaciones del puerto de Chancay. .

Es importante mencionar que la Autoridad Portuaria Nacional depende del Ministerio de Transportes, cuyo ministro Raúl Pérez está casado con Isaura Delgado Brayfield, de nacionalidad estadounidense y gerente de la Cámara de Comercio Americana en Perú, la cual integra a 580 empresas de ese país. Dentro del ejecutivo no existe una visión geopolítica cohesionada, realidad que permitió este ejercicio de presión.

Muestra ilustrativa de las posiciones adversas al puerto de Chancay en el interior del gobierno son las declaraciones del embajador de Perú en Washington, Alfredo Ferrero, quien en junio de 2024 declaró a Bloomberg: “El ciento por ciento de la electricidad de Lima es de propiedad china, muchos de los proyectos mineros de cobre también son de China. Este país tendrá el puerto más grande de Sudamérica. Esa es la situación objetiva y Estados Unidos lo ha notado. Pero no basta con darse cuenta, es necesario actuar”.

En esta entrevista, el embajador insta a los inversores estadounidenses a invertir en el puerto de Corío —al sur del país— porque “sería un puerto que serviría de contrapeso al proyecto chino de Chancay”.

Más recientemente, en junio de 2024 Jana Nelson, vicesecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, el ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda, organizaron el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa para promover la cooperación en materia de defensa y la seguridad portuaria. Así mismo, Estados Unidos contó con la asistencia de representantes de sus principales puertos en un evento patrocinado por el gobierno peruano para tratar asuntos seguridad portuaria. Este activo desempeño en el tema se produce a pocos meses de la inauguración del hub portuario de Chancay.

Asimismo, en septiembre de 2024 la embajadora de Estados Unidos resaltó las reuniones sostenidas con el fondo de inversión BlackRock y autoridades peruanas para discutir sus inversiones en los puertos de Matarani y Salaverry en el sur de Perú, en una campaña que busca bajar el perfil al puerto de Chancay y concretar una competencia directa por la exportación de minerales y soja a Asia.

Resalta también la visita a Lima de Carlos Días Rosillo, exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, actual director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, quien se reunió con el jefe de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aldo Prieto. Durante su estancia, el exfuncionario dio un taller en la Universidad de Lima y ofreció una entrevista en un canal privado. En ambos se dedicó a atacar a China: “Con el esfuerzo de Estados Unidos de traer empresas que por muchos años se fueron a China hay una enorme oportunidad para Perú y para América Latina desde el punto de vista económico y de seguridad nacional”, declaró frente a los estudiantes.

Finalmente, destaca la campaña sobre la denominada “pesca ilegal de China”. En septiembre de 2024 la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal) alertó sobre la actividad indiscriminada contra la pota (o calamar gigante) por parte de la flota china, sin autorización de ingresar al litoral peruano, manifestando que “China ha podido reducir grandemente sus costos gracias a que sistemáticamente se les ha dejado entrar a Perú a hacer labores logísticas sin cumplir la normativa nacional”. Esta noticia tuvo amplia difusión en la prensa peruana y por políticos que ya propusieron comisiones investigadoras.

Desde 2023, en el marco del ejercicio multinacional Resolute Sentinel 2023, miembros de la Marina de Guerra de Perú, a través de la Autoridad Marítima Nacional y de las Fuerzas de Estados Unidos, realizaron vuelos de acción conjunta con el objetivo de identificar una “flota pesquera extranjera” dedicada a la pesca de la pota, y confirmó que estas se encuentran efectuando sus faenas fuera de las 200 millas náuticas del dominio marítimo peruano.

Cabe resaltar que desde 2017 la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos advirtió sobre la necesidad de “mantener la libertad de los mares para garantizar la seguridad de su país y de sus aliados”. Desde aquel entonces, la lucha contra la pesca ilegal se ha convertido para el Comando Sur en una herramienta de intervención y de control del dominio marítimo del Hemisferio Occidental. En sus recientes giras por Argentina, Chile, Ecuador y Perú, Laura Richardson hizo énfasis en la lucha contra la “pesca ilegal”, principalmente china, en la costa pacífica de América del Sur. En Perú, no solo el gobierno sino los medios de comunicación y políticos de todo el abanico ideológico se han plegado a la visión imperial y sinófoba planteada por Estados Unidos.

El 27 de septiembre de 2024, el gobierno emitió el Decreto 014-2014 con el objetivo de reforzar el monitoreo satelital de embarcaciones extranjeras en aguas territoriales peruanas. Esta medida fue concertada con la embajada china en Perú, pero sigue provocando polémica en el Congreso. Si bien Perú tiene todo el derecho de reforzar su soberanía y controlar su frontera marítima, el surgimiento de una intensa campaña mediática sobre el asunto concuerda con los preparativos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la llegada de Xi Jinping a Lima. Una coincidencia “extraña” dado que el problema persiste desde hace muchos años.

Por otro lado, no podemos olvidar que son antiguos responsables de la Armada quienes están asociados con China en el proyecto del puerto de Chancay. Varios exalmirantes en jefe son ahora las figuras visibles de la empresa mixta creada para construir y administrar el futuro hub portuario. Por su parte, sus homólogos en el Parlamento son ardientes partidarios de esta nueva infraestructura y de la asociación con China. En otros términos, la Marina es la encargada de patrullar y vigilar la frontera marítima de posibles atropellos de embarcaciones chinas, mientras altos responsables de esta institución hacen negocios con la potencia asiática. Un conflicto de intereses que la reciente campaña se empeña en hacer problemático.

La mandataria designada está en una encrucijada. Hundida en una crisis de legitimidad, una crisis económica y una crisis de gobernabilidad, debe su permanencia en el poder a un pacto corrupto con el Congreso y al alineamiento incondicional con Estados Unidos. Sin embargo, esta triple crisis ha alejado a los inversores internacionales del país inca. Su única salida es intentar acercarse a China para reactivar la cooperación económica entre ambos países. Un ejercicio de acrobacia política muy arriesgado, que podría tener consecuencias sobre el final de su mandato o su futuro judicial.

Todos los poderes adheridos a Estados unidos

Actualmente, la influencia de Estados Unidos trasciende las relaciones con el Ejecutivo, y abarca todos los poderes e instituciones del Estado. En el ámbito judicial, por ejemplo, la directora de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios se reunió, el 2 de abril de 2024, con la agente especial del FBI, Alejandra Sánchez, coordinadora del Programa Transnacional Anticorrupción de ese órgano. Mientras el país se enteraba del escándalo del “rolexgate”, esta reunión evidenció más el interés en fortalecer las herramientas de presión contra futuros dirigentes que en erradicar la corrupción. .

Así mismo, los servicios diplomáticos de Washington mantienen relaciones continuas con la Junta Nacional de Justicia, o el poder electoral, tanto con el Jurado Nacional de Elecciones como con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Embajada de Estados Unidos es la única misión diplomática en Perú en tener esta agenda sostenida de injerencia en los poderes públicos.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido conservador Renovación Popular, ha incrementado la cooperación de la ciudad capital con la embajada de Estados Unidos. En sus primeros meses de gestión ha impulsado la participación del personal diplomático en la implementación de las “ollas comunes”, organizaciones de ayuda alimentaria ubicadas en las zonas más humildes de la ciudad. Con la geolocalización de sus sedes y la distribución de alimentos, permitió a Washington tejer vínculos de cooperación y de control con los líderes sociales de las barriadas limeñas.

Respecto a la relación con el Congreso, en marzo de 2024 congresistas recibieron a una delegación de sus homólogos estadounidenses para firmar un acuerdo de cooperación que, en la práctica, permite al país foráneo entrometerse en los asuntos internos del país. Según la embajada norteamericana, este acuerdo permitirá a Estados Unidos “apoyar la transparencia, el estado de derecho y promover elecciones libres y justas” en el país suramericano.

El presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto, calificó el acuerdo de “alianza estratégica”. En el acto de firma del tratado estuvieron presentes tanto parlamentarios neoliberales como los supuestamente “antiimperialistas” de la izquierda peruana.

Un mes después, en abril de 2024, mediante Resolución Legislativa 6672, el Congreso ratificó el acuerdo entre Perú y Estados Unidos firmado por el gobierno de Boluarte que permite a Estados Unidos interceptar y derribar avionetas en total libertad. Bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, Washington amplía su dominio sobre el espacio aéreo peruano.

Alineamiento con la política exterior Estadounidense

Designada como mandataria por los poderes fácticos que organizaron el golpe contra Castillo, Boluarte tiene el récord de impopularidad de la región. Solo 5% de la población la apoya, principalmente en las clases pudientes del país. El rechazo masivo y policlasista la llevó a negociar su sobrevivencia con los sectores de la ultradrecha en el Congreso, con el sector privado de la minería y las agroexportadoras, así como diplomáticamente con Estados Unidos.

Eso se refleja en la posición de Perú en la escena mundial, donde se alineó con la posición de Washington sobre la masacre que Israel está cometiendo en Gaza, acerca de las elecciones en Venezuela o con respecto a la guerra en Ucrania.

En el caso de Venezuela, Perú fue el primer país en reconocer a Edmundo González como presidente luego de los comicios del 28 de julio. Una posición extremista que fue corregida luego para dejar de tomar iniciativa diplomática y seguir los pasos dados por el Departamento de Estado. Asimismo, mientras Israel sigue generando guerra y muerte en Asia Occidental, los países satélites de Estados Unidos aprovecharon la Asamblea General de la ONU para firmar un comunicado en el que condenan el gobierno constitucional de Venezuela. Perú se sumó a los 30 países que se adhieren estrictamente con la política exterior de Washington en la región.

En el caso de la guerra en Ucrania, iniciada mientras Pedro Castillo era presidente, Perú tuvo que ser más cauteloso. Apenas consumado el golpe contra Castillo, Dina Boluarte fue solicitada por el SouthCom para entregar parte del armamento de origen ruso de las Fuerzas Armadas a Ucrania. Desde los tiempos del general patriota Juan Velasco Alvarado, Perú dispone de mucho material militar ruso y/o exsoviético, en todos sus componentes militares y, particularmente, en la fuerza aérea. Los militares no estaban dispuestos a arriesgar las cadenas de suministro de repuesto en caso de que el poder político decidiera apoyar a Ucrania y ser cobeligerante contra Rusia.

Sin embargo, en octubre de 2024 el ministro de defensa, Walter Astudillo, pidió un crédito de 3 mil 500 millones de dólares para renovar la flota de las Fuerzas Aéreas del Perú con 24 cazas multirol: 20 monoplazas y 4 biplazas. Actualmente el país cuenta con cazas Mirage 2000P/DP, adquiridos nuevos desde Francia en 1982 y, sobre todo, MiG-29S/SMP Fulcrum C y Sukhoi Su-25 Frogfoot. La empresa estadounidense Lockeed Martin y la sueca Saab estarían liderando las preferencias del gobierno peruano. El mismo mes Perú recibió la donación por parte de Estados Unidos de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk que se sumarán o reemplazarán los helicópteros rusos o exsoviéticos actualmente en posesión de la Fuerza Aérea Peruana.

La compra de los aviones y la entrega de los helicópteros dará un giro geopolítico de suma importancia ya que el país ya no dependería de la cadena de suministro ruso, y lo supeditaría más al atlantismo y a Occidente.

Un país bajo control, por ahora

Con la caída de Castillo, Estados Unidos se aprovechó del desgobierno de Boluarte para reforzar su presencia y control sobre un país estratégico en América del Sur. Perú tiene fronteras con cinco países del continente, goza de enormes recursos naturales y de agua dulce. Punto importante: es el segundo país productor de cocaína, lo cual ofrece un pretexto de injerencia en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

El inesperado ascenso de Castillo al poder demostró una falla en el sistema político del mejor alumno de Washington en la región. Las enormes desigualdades y la crisis económica hacen que los pueblos de Perú aspiren también a cambios estructurales. Fue por ello que Estados Unidos decidió reforzar su hegemonía y, al mismo tiempo, trata de contener la influencia creciente de China en el país. Gracias al gobierno actual, lo lograron por ahora. Al menos hasta la próxima sorpresa electoral.

Publicado originalmente por misionverdad.com