El estado liberal entrega la gerencia a una empresa privada y vuelve la espalda a sus ciudadanos, quienes ahora son solo cuerpos que ocupan un área privada.

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El liberalismo tiene grandes dificultades para legitimarse. Y eso no sorprende: el hombre no tiene porqué aceptar que la autoridad provenga desde una burocracia secular, ciega ante lo divino y la tradición. Lo más cerca que ellos han llegado, como lo hemos visto aquí fue resucitar a Roma con el propósito de legitimar una forma de gobierno, la república. Esto fue seguido por intentos filosóficos y teóricos para legitimar la democracia liberal como el único régimen digno para la humanidad ya que sería el único en cual el pueblo sería verdaderamente libre. Pero, ¿en qué consiste la libertad para un liberal? Firmar contratos. En el liberalismo clásico, el estado sirvió para registrar y aplicar tales contratos. Cuando los estados nacionales comenzaron a expropiar a grandes capitalistas, surgió el neoliberalismo, cuya meta era la de establecer mecanismos globales con una autoridad superior a aquella de los estados nacionales. Actualmente, el estado existe para proteger al capital transnacional y no para cumplir con las demandas internas.

De este modo, la tragedia de nuestro tiempo es que el estado liberal sirve solo para oprimir a los ciudadanos y extraer cuánto dinero y trabajo para él como sea posible y se presenta como la única alternativa. Si es esto lo que es el estado -–dicen los propagandistas—entonces lo mejor sería no tener ningún estado. Luego entonces estaríamos a merced del capital sin siquiera un velo de legitimidad y apariencia de derechos.

Consideremos el caso del estado brasileño, actualmente gobernado por Lula.

El 14 por ciento del país está compuesto por reservaciones indígenas, son tierras estatales federales. La jungla de la Amazonía donde la mayoría de ellos están ubicados, está sometida a una serie de leyes ambientales y regulaciones que no permiten que el estado construya en ella infraestructuras. En el año 2023 el gobierno decidió que solo los pueblos indígenas podían vivir en reservaciones indígenas. De este modo, son poblaciones totalmente carentes de asistencia estadal y vieron como ese mismo estado destruía sus hogares, robaba su ganado, destruía puentes y en el intertanto, incluso contaminaban el río del cual ellos obtenían su pescado.

Las cosas todavía podrían empeorar aún más. En Davos, sin propuestas y sin consultar con la población afectada, el Ministerio de los Pueblos Indígenas firmó un acuerdo con la multinacional Ambipar para administrar las tierras indígenas que aproximadamente alcanzan un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados en áreas ricas en minerales y biodiversidad. El problema es aún más grave debido a que las tierras han sido administradas por NGOs y en el año 2009 el congresista Aldo Rebelo, informó que él había presenciado que una NGO había impedido que un personal militar brasileño ingresara a las tierras indígenas. Y para empeorar aún más las cosas, la selva húmeda Amazónica, ambas tanto dentro como fuera de las tierras indígenas, está siendo tomada por narco traficantes agregado a la extracción ilegal de madera, piedras preciosas y oro.

Resulta imposible explicar en un artículo, cómo Brasil llegó a este extremo. No obstante yo puedo señalar un trabajo fundamental Mafia Verde que ya está traducido al inglés (Green Mafia) y al castellano (Mafia Verde) escrito por Gerardo Lino, Lorenza Carrasco y Silvia Palacios. Abreviando, ONGs provenientes de Estados Unidos y Europa junto a algunas embajadas y coronas están tratando de hacer en Sudamérica lo mismo que ya han hecho en África: a través de parques y reservas –preferiblemente demarcadas con fronteras—ellos están tratando de impedir el desarrollo humano en el área, la explotación de los recursos naturales por parte de los nativos y la creación de infraestructuras, en tanto emplean las áreas demarcadas para el contrabando de todo tipo de cosas. En Brasil, la principal representante de estos intereses es Marina Silva, que actualmente forma parte del gobierno de Lula da Silva.

Si el estado liberal brasileño aparece actualmente en estas áreas solo para castigar a los brasileños, la transferencia de la administración de semejante expansión territorial a una empresa privada, nos recuerda un precedente más bien siniestro: aquel de las empresas certificadas, cosa común a fines del siglo XIX y comienzos del XX. El rey Leopoldo de Bélgica no quiso crear un aparato estatal en el Congo. En cambio si creó el Estado Libre del Congo y entregó plenos poderes a las empresas de extracción de caucho para administrar el área.

El resultado fue un genocidio en el Congo. En América del Sur, Perú entregó parte de su territorio a una empresa certificada para explotar el caucho. El resultado fue el genocidio de Putumayo. Bolivia también entregó parte de su territorio, lleno de brasileños a una empresa certificada. El resultado, afortunadamente fue la anexión del actual territorio Acre por parte de Brasil.

¿Qué podría garantizar que Ambipar no perpetrará un genocidio contra los habitantes indígenas en esas tierras? En tales áreas públicas privatizadas, ¿qué podría impedir que la empresa utilice mano de obra esclava en el robo de los recursos naturales del país? La empresa es torva: Apareció el año 2024 y fue fuertemente multada por una agencia ambientalista y en el mes de abril sus acciones subieron un 2,027 por ciento entre mayo y noviembre.

Para empeorar aún más las cosas, el silencio reina en la vasta mayoría de los parlamentarios. Mientras yo escribo este artículo, he escuchado solo a tres diputados federales, Felipe Barros y Silvia Waiapi, ambos seguidores de Bolsonaro y al senador Plinio Valério por el estado Amazonas.

El caso Ambipar representa el avance del neoliberalismo hacia un anarco-capitalismo.

En vez de proteger los territorios indígenas el estado liberal entrega la gerencia a una empresa privada y le da la espalda a los habitantes, quienes ahora son solo cuerpos ocupando un espacio privado.

Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona