El Parlamento Europeo ha aprobado definitivamente las enmiendas al reglamento sobre procedimientos de asilo, estableciendo una lista común de países de origen seguros y reforzando el concepto de terceros países seguros.

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Con 408 votos a favor de la lista de la UE y 396 a favor del nuevo marco relativo a terceros países, el Parlamento aprobó una revisión que agiliza los procedimientos y amplía las posibilidades de repatriación.

La nueva lista incluye a Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Para los ciudadanos de estos países, las solicitudes de asilo podrán tramitarse mediante un procedimiento acelerado, a menos que el solicitante demuestre un riesgo personal concreto.

Los países candidatos a la adhesión a la UE también se considerarán seguros, con ciertas excepciones relacionadas con conflictos armados o tasas de reconocimiento superiores al 20 %.

Al mismo tiempo, se refuerza el concepto de tercer país seguro: un Estado miembro puede declarar inadmisible una solicitud de protección si el solicitante tiene una conexión con un tercer país considerado seguro, ha transitado por él o se beneficia de un acuerdo para tramitar su solicitud fuera de la UE. Un recurso no suspenderá automáticamente la repatriación. Este es un avance significativo para el sistema europeo de asilo.

Políticamente, esta votación marca un cambio significativo. El Partido Popular Europeo (PPE) logró la mayoría al aliarse con grupos de derecha (ECR, PfE y ESN), replicando así un patrón observado en otros temas. Aunque todavía no existe una mayoría estructural alternativa, la atención se ha desplazado. La cuestión migratoria ya no es el monopolio retórico de las fuerzas soberanistas; ahora está en el centro de la toma de decisiones europea.

En los últimos meses, la proporción de votos decisivos emitidos por grupos de derecha ha aumentado considerablemente. No se trata de una revolución institucional, sino de una normalización política. El PPE no rompe con el centro, pero ya no aísla a la derecha en cuestiones de control fronterizo, repatriación y procedimientos acelerados.

La adopción del Tratado de Estrasburgo no resuelve automáticamente la crisis migratoria europea, pero marca un punto de inflexión decisivo.

Durante años, el debate estuvo paralizado por un doble impasse: por un lado, la idea de que todo era inevitable; por otro, la convicción de que cualquier cambio de rumbo era jurídicamente imposible o moralmente inaceptable.

Hoy, este marco se está resquebrajando. La Unión reconoce la existencia de países de origen seguros, la posibilidad de acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y la mejora de la eficiencia de los retornos.

A partir de ahora, la cuestión ya no es si Europa dispone de las herramientas, sino quién tendrá la determinación de utilizarlas. Es en esta línea divisoria (entre la responsabilidad y la inacción, entre revertir el flujo migratorio y gestionarlo pasivamente) donde se medirá el destino político, demográfico y económico del continente.