En una entrevista concedida a comienzos de este año, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó que Brasil es el país más espiado por Estados Unidos en América Latina.

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En las décadas de 1970 y 1980, la CIA mantuvo la producción de informes sobre las relaciones de Brasil con diversos países y su producción y explotación de riquezas naturales. El principal interés siguió siendo el petróleo.

Un informe de 1975 dice que el entonces presidente Ernesto Geisel era favorable a la idea de tener empresas extranjeras trabajando en el sector petrolero. De hecho, el gobierno fue relajando a partir de la década de 1970 el monopolio estatal de Petrobras.

Los principales responsables de esa política fueron el entonces ministro de Minas y Energía, Shigeaki Ueki, y el economista y exministro de Planificación en el gobierno de Castelo Branco, Roberto Campos, quienes defendieron “arduosamente” los llamados contratos de riesgo, según Carlos Alberto Lucena en su libro Tiempos de destrucción: educación, trabajo e industria del petróleo en Brasil.

En marzo de 1970, Brasil había declarado que su territorio marítimo se extendía hasta 200 millas de la costa, lo que contrariaba los intereses de EE. UU. Un informe de 1974 titulado “Estudio de la Ley del Mar – Brasil”, con información detallada, aunque no totalmente publicada en internet, destaca que esa posición del gobierno brasileño restringía las actividades pesqueras de EE. UU. El país norteamericano terminó firmando un acuerdo para seguir operando en las aguas del norte de Brasil, a pesar de algunas limitaciones y del pago de 200.000 dólares anuales.

En 1979, Ueki asumió la presidencia de Petrobras hasta el fin del régimen militar (1984), y el camino hacia la apertura de la compañía al capital extranjero siguió consolidándose. A mediados de la década de 1980, la empresa ya había comenzado a trabajar junto con compañías extranjeras. Por medio de decretos-ley y del deterioro de Petrobras, el gobierno buscó iniciar las privatizaciones de las estatales, que se concretarían a finales de los años 1980 y durante la década de 1990.

Documentos de la CIA de 1986 también apuntaban en esa dirección. Uno de ellos decía que las políticas adoptadas por las organizaciones comerciales estatales (State Trading Organizations, STOs en inglés) de países del Tercer Mundo, como el bloqueo de inversiones extranjeras, afectaban los intereses de EE. UU. al reducir la competitividad de sus compañías y ser hostiles al libre comercio.

El informe sugiere además que EE. UU. debería presionar por reformas en esas empresas estatales (como Petrobras y Vale do Rio Doce, algunas de las mayores y más importantes STOs mencionadas) a través de diversos organismos internacionales, porque su desmantelamiento favorecería los intereses comerciales y políticos del gobierno estadounidense.

Otro informe del mismo año afirmaba que los nuevos descubrimientos de campos petroleros brasileños a fines de los años 1980 “tienen el potencial de, a comienzos de los años 1990, reducir, si no eliminar, la dependencia del país de la importación de petróleo”.

Según este último informe, las implicaciones del desarrollo del área petrolera de la Cuenca de Campos (donde en 1984 se descubrió el primer campo gigante en aguas profundas, el de Albacora) y otras aguas profundas para EE. UU. eran las siguientes: asistencia de compañías de ingeniería extranjeras en la exploración en aguas profundas; oportunidades para que empresas estadounidenses obtuvieran contratos de perforación en la exploración adicional de offshore; y concesiones comerciales de Brasil, facilitando la entrada de exportaciones estadounidenses al país.

El informe advierte, sin embargo, que las empresas estadounidenses enfrentarían la competencia de otros países para operar en asociación con Petrobras y que las compañías brasileñas podrían quedar en una posición muy fuerte para competir en el mercado offshore mundial en la década de 1990.

Entre los archivos que mencionan a Petrobras, ninguno de los disponibles está fechado a partir de la década de 1990.

En 1995, el monopolio estatal de Petrobras fue quebrado por el Congreso brasileño, lo que permitió la apertura del sector petrolero a la iniciativa privada en 1997 por el presidente Fernando Henrique Cardoso. Ese mismo año, el gobierno privatizó Vale.

¿Se repite la historia?

En una entrevista concedida a comienzos de este año al periodista Fernando Morais, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó que Brasil es el país más espiado por Estados Unidos en América Latina.

Uno de los motivos del espionaje fue posiblemente permitir que petroleras estadounidenses obtuvieran ventaja en la licitación del Campo de Libra, en la Cuenca de Santos, la mayor reserva del presal —que, a su vez, es la mayor reserva petrolera descubierta en el mundo en las últimas décadas.

Las gigantes estadounidenses Exxon Mobil y Chevron terminaron quedando fuera de la explotación de ese campo. La licitación fue ganada por un consorcio liderado por Petrobras (con el 40 % de participación, de los cuales el 30 % era obligatorio por ley) e integrado por dos empresas chinas, además de Shell y la francesa Total.

Las multinacionales norteamericanas fueron superadas en la competencia por el petróleo brasileño. Pero Wikileaks ya había revelado en 2010 que Exxon Mobil y Chevron hacían lobby ante el Congreso para flexibilizar aún más el régimen de explotación del presal. Diplomáticos estadounidenses y el entonces senador José Serra estaban involucrados.

En 2016, Serra elaboró un proyecto de ley que eliminaba la obligatoriedad de la participación de Petrobras en la explotación del presal y su exclusividad en la operación de los campos. En junio de 2025, una comisión del Senado fue más allá y aprobó el fin de la preferencia de Petrobras en el presal, flexibilizando la explotación por petroleras extranjeras. En julio, el gobierno de Lula realizó una licitación para 47 bloques petroleros en la Foz del Amazonas: el resultado fue que 19 bloques fueron adjudicados, y todos tienen participación de compañías estadounidenses. Cuanto más dominen esa región (muy próxima a Venezuela), más necesitarán los Estados Unidos proteger sus intereses, y esa “protección” será contra el propio gobierno brasileño.