Separar la lucha por la soberanía, incluyendo la energía y el petróleo, en Brasil de la lucha por la supervivencia que el pueblo y el gobierno de Venezuela están librando, es un error que podría costarle muy caro al gobierno de Lula.

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Como ya indiqué en el artículo anterior, separar la lucha por la soberanía, incluyendo la energía y el petróleo, en Brasil de la lucha por la supervivencia que el pueblo y el gobierno de Venezuela están librando en estos momentos, es un error que podría costarle muy caro al gobierno de Lula. Principalmente porque Brasil ya sufre una campaña muy similar a la que sufre el chavismo desde hace tiempo. Y el propio presidente Lula sabe a qué condujo esa campaña imperialista: la derrocada del gobierno izquierdista de João Goulart y la implantación de una dictadura militar fascista y vende pátria.

Las refinerías privadas de Capuava, Ipiranga, Manguinhos, Amazonas y Destilaria Riograndense serían nacionalizadas a partir del 15 de abril de 1964, según el decreto firmado por João Goulart en el mitin de la Central do Brasil, el 13 de marzo de ese año, como parte de las Reformas de Base. Para entonces, Jango ya contaba con el apoyo de las fuerzas populares para defenderse de los ataques conservadores que lo acosaban cada vez más.

La semana siguiente, la CIA mostraba preocupación por las medidas nacionalistas del presidente brasileño. “Hay rumores en la prensa de que el próximo paso de Goulart será expropiar compañías privadas de distribución de petróleo con fuertes inversiones europeas y estadounidenses”, relata un agente. Y continúa: “La embajada de EE. UU. duda que Goulart llegue tan lejos como para provocar a EE. UU. y otros gobiernos en este momento, pero considera que la posibilidad no puede descartarse.”

El 1º de abril, Jango y sus reformas son derrocados por un golpe militar. Posteriormente, se descubren pruebas de que Estados Unidos desempeñó un papel importante en los acontecimientos. Washington apoyó el golpismo de diversas formas: financió políticos opositores, medios de comunicación y entidades de la sociedad civil, además de desplazar buques cerca de la costa brasileña.

Militares participantes del golpe y del período posterior fueron entrenados por instructores estadounidenses en la Escuela de las Américas, en Panamá.

Según el ministro de Trabajo del gobierno de Jango, Almino Affonso, el monopolio estatal del petróleo era una cuestión central del golpe militar que venía desde el gobierno de Getúlio Vargas, cuando se creó Petrobras en 1953.

“La creación de Petrobras y de Eletrobras [empresa estatal de energía eléctrica], propuesta por Vargas, confrontaba los intereses norteamericanos de manera absoluta, porque ambas perjudicaban los intereses que ellos querían ver triunfar en Brasil. Es decir, querían participar en la explotación directa del petróleo, solos o como parte de Petrobras”, declaró en una entrevista en 2014. No descartó la influencia de “intereses oscuros” sobre políticos de la oposición, que desde la década de 1950 venían presionando por una mayor liberalización del sector.

El historiador y politólogo Roberto Bitencourt da Silva recuerda también que a finales de los años 1950 una CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) encabezada por parlamentarios de la izquierda nacionalista denunció el involucramiento directo de las petroleras multinacionales Esso y Shell “por condicionar a la prensa brasileña en un sentido entreguista, a través de cuantiosas propagandas, conformando posiblemente los mayores gastos publicitarios en Brasil”. Esso patrocinaba un programa de radio y televisión, “Repórter Esso”, que difundía el punto de vista contrario de la empresa al monopolio estatal del petróleo, así como a la limitación de remesas de lucros al exterior.

El régimen posterior a 1964 no rompió con el bloque comunista, pero enfrió sus relaciones, limitándolas al comercio y a acuerdos de cooperación de poca importancia. Además, persiguió con mano de hierro las ideas de izquierda dentro del país. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones internacionales, existía cierto pragmatismo.

Lo que parecía una firme asociación en el sector petrolero terminó por desmoronarse. En los primeros años del régimen militar, Petrobras rompió relaciones con la Unión Soviética sobre la explotación del esquisto y, para construir la planta piloto de São Mateus do Sul, en Paraná, se acercó a la empresa estadounidense Cameron & Jones Company, que desde 1958 había mostrado interés en el proyecto. La compañía estaba vinculada a la Oficina de Minas del Gobierno de EE. UU. en operaciones de petróleo de esquisto en Colorado.

Un año después del golpe, el gobierno aprobó la inversión privada de cualquier origen en la industria petroquímica. Esto benefició a empresas como Union Carbide, Phillips Petroleum y el grupo Rockefeller, además de Dow Chemical – presidida en Brasil por el general Golbery do Couto e Silva, una de las principales figuras del régimen y exdirector del IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais), que conspiró contra Jango y era financiado por el gobierno de EE. UU.

Fue la realización parcial del interés expresado desde los años 1950 de privatizar o permitir la participación de capital extranjero en empresas estatales, especialmente en el petróleo.

Poco después, se abrió la explotación del esquisto betuminoso del sur, que hasta entonces estaba reservado a Petrobras.

Curiosamente, por otro lado, la Unión Soviética continuó desarrollando investigaciones para la construcción del complejo de esquisto de la CIRB en São Paulo, al menos hasta 1968, según dos informes de la CIA.

En el próximo artículo veremos cuál fue el resultado de la campaña de la CIA y el imperialismo estadounidense contra el petróleo brasileño y la continuación de esta persecución interminable, hasta hoy.